HISTORIA DEL DERECHO PERUANO

Sin historia no hay patria. La Nación requiere de la patria y la historia para forjar un Estado sólido con amor y desprendimiento de sus ciudadanos.

El derecho establece los principios y las normas jurídicas fundamentales para que el Estado-Nación ofrezca seguridad, bienestar, desarrollo y justicia al pueblo en general. De ahí que el derecho es cambiante, pero dentro de un marco de estabilidad y seguridad jurídicas, respetando los derechos adquiridos, máxime los humanos, en los campos civil, político, económico, social y cultural.

En este contexto, todos los pueblos han generado su propio derecho, desde incipiente hasta perfeccionado y sistematizado. Es el caso de las civilizaciones y culturas tanto primitivas como desarrolladas. Desde la monarquía hasta la democracia y desde el liberalismo hasta el socialismo.

En efecto, el derecho romano fue la más alta expresión jurídica de la antigüedad occidental; mientras que en el siglo XVI, los pueblos americanos sólo habían logrado un derecho incipiente o primitivo, mejor aún, un prederecho. En éste, las normas consuetudinarias se encontraban mezcladas con costumbres de carácter moral, de organización política, económica y social. Fue, por ejemplo, el caso de los incas con los mores, al decir del ilustre jurista, historiador y maestro Juan Vicente Ugarte del Pino.

En este orden de ideas y para su mejor estudio, la historia del derecho peruano ha sido dividida en: 1) Derecho primitivo; 2) Derecho indiano y 3) Derecho republicano.

El primero,muy lejos de lo que concibió en 1937, el más grande historiador de la República y abogado, Jorge Basadre Grohmann, en su juventud, cargada de etnocentrismo e historicismo jurídicos, según Ugarte. El segundo, como la imposición del derecho de Castilla más la suma de costumbres incásicas que beneficiaban al conquistador español, tal como lo señala el jurista e historiador Jorge Basadre Ayulo, hijo de Basadre Grohmann. El tercero, producto de nuestra independencia y lucha constitucional por tener una patria mejor, con órdenes de carácter jurídico, público e interno, materializados en constituciones, códigos y leyes que aún no hemos aprendido a respetar.

La historia del derecho peruano, en sus períodos indiano y republicano, puede enfocar temas concretos, específicos. No necesariamente tiene que ser de carácter general, total. En otras palabras, podrá tratar las especialidades del derecho: constitucional, penal, civil, comercial, laboral, internacional público, etc. Asimismo, puede desarrollar temas jurídicos relacionados con la vida política, económica, social y cultural de la nación. Para ello, analizará, interpretará y evaluará resultados integrales de determinadas instituciones jurídicas o la existencia de ellas. Esto, sin duda, no es posible en el derecho primitivo, habida cuenta que en él no existe aún una clara diferenciación entre moral y derecho penal, entre éste y el derecho civil, etc.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, en la historia del derecho peruano primitivo, conjugando conocimientos de doctrina jurídica y los últimos aportes de la historiografía inca, sí se puede y se debe cuestionar determinados temas, como, por ejemplo: ¿Hubo o no derecho en el Estado inca?, y si lo hubo, ¿podemos dividirlo en derecho público y derecho privado?, ¿en derecho penal y derecho civil?, etc.

Obviamente, la situación es diferente tanto en el derecho indiano como en el derecho republicano. En ellos, por ejemplo, los temas, respectivamente, podrían ser: ¿Las capitulaciones fueron contratos?; ¿Cómo y por qué los reyes católicos restringieron el ejercicio abogadil en las colonias por decretos de 1516 y 1528?; ¿Es el cabildo hispano el antecedente de la municipalidad?; ¿Con el derecho de transición se inicia el derecho republicano?; ¿Qué produjo el febril constitucionalismo en los inicios de la República?; ¿Cuáles fueron las consecuencias de la influencia liberal en el derecho peruano del siglo XIX?; ¿Por qué recepcionamos –o, mejor dicho, copiamos– códigos y no producimos nuestro derecho nacional?, etc.

EL DERECHO PRIMITIVO

En verdad, no podemos afirmar que en el Estado inca hubo derecho, propiamente dicho. El Tahuantinsuyo estaba en proceso de extensión, consolidación y perfeccionamiento cuando recibió el choque de la conquista e imposición de la civilización occidental. Los quechuas aparecieron más o menos a fines del siglo XIII y fueron dominados en 1532. De un lado, sus normas de organización política, económica y social estaban mezcladas con costumbres morales y religiosas; y, de otro lado, ellas no fueron impuestas a rajatabla –como antes se creía-, porque la expansión incaica no fue producto exclusivo de la conquista, sino, principalmente, de negociaciones basadas en la reciprocidad, redistribución de excedentes, enseñanza del cultivo bajo el sistema de la producción vertical, uso racional de los ecosistemas o microclimas.Y, por último, en base a la reciprocidad, respetaron o incorporaron determinadas costumbres de las etnias anexadas o aliadas, siempre y cuando no dificultaran la integración del incario, la misma que aún no habían logrado.

Sin perjuicio de lo anteriormente anotado, podemos afirmar, con propiedad, que el Estado inca recién estaba generando sus propias normas jurídicas, las mismas que constituían un prederecho. El fundamento de éste era, justamente, las bases normativas de su expansión, desarrollo y consolidación. Fundamentos creados por los arquetipos jurídicos: Manco Cápac y Pachacútec, con formas de trabajo como el ayni, la mita y la minka, la posesión y propiedad discontinua de la tierra, la autarquía de los ayllus, autoridad y responsabilidad del kuraka, los mores y tabúes como normativa penal, el servinakuy, etc., todos ellos como mecanismos de control social, pero de ninguna manera como derecho. En consecuencia, los incas estaban en camino de tener su derecho, como lo habían logrado, primero, los mesopotámicos y, después, los romanos. Esto, en virtud de que los pueblos generan su propio derecho.

De ahí que la sustentación de la hipótesis del prederecho incaico o derecho primitivo peruano, tiene que hacerse con los resultados de las últimas investigaciones etnohistóricas sobre el Estado inca y los aportes de las visitas o informes administrativos y documentos judiciales. De ninguna manera, con la repetición clásica de lo escrito por la mayoría de los cronistas de los siglos XVI y XVII, fuente fundamental de quienes se aventuraron a afirmar la existencia de un derecho inca al estilo occidental.

Respecto a lo primero, son los aportes de John Víctor Murra, Giorgio Alberti, Enrique Mayer, Natham Wachtel,María Rostworowski de Diez Canseco y Franklin Pease García-Yrigoyen, entre otros. En cuanto a lo segundo, no hay duda alguna que los cronistas, tanto españoles como mestizos, distorsionaron los hechos por varias razones. Por ejemplo, en función a su interés y, principalmente, los de origen español, quienes, además, captaron mal a sus narradores por desconocimiento tanto del lenguaje como de las costumbres, las cuales fueron entendidas como semejantes, iguales o superiores a su realidad occidental (Rostworowski, Heraclio Bonilla, etc).

La afirmación de la existencia del derecho incaico la tomó de los cronistas el primer profesor de Historia del derecho peruano Román Alzamora, quien escribió un texto de cátedra sobre el particular (1876). Esos apuntes más alguna literatura más histórica que jurídica fue sistematizada por Jorge Basadre Grohmann, en 1937, en su libro Historia del Derecho Peruano. Para entonces, sólo se conocía la historia romántica y occidentalizada del Imperio de los Incas. Ella fue escrita a partir de las crónicas, como la de Pedro Pizarro, Sarmiento de Gamboa, Bernabé Cobo, y, principalmente, la del Inca Garcilaso de la Vega y Guamán Poma de Ayala, entre otros. Y, más aún, constituyeron la fuente fundamental de Basadre y otros historiadores del derecho peruano que siguieron su escuela.Además, dicho sea de paso, la Historia del Derecho Peruano fue escrita con un marcado espíritu historicista y etnocentrista jurídicos, imperantes en la época y, especialmente, adoptados por Basadre durante su estancia en Alemania, donde triunfante crecía como la espuma el pangermanismo nazi, producto de esas corrientes.

Sin duda, el no contar con la nueva información que hoy se dispone sobre la historia incaica, fue una limitación sustancial y obliga a modificar todo lo escrito.Así lo reconoció el propio gran historiador de la República. En efecto, esta aclaración la hace Basadre en el extenso capítulo “Algunas reconsideraciones cuarentisiete años después”, que le agrega a la segunda edición de su importante libro Perú: problema y posibilidad (Lima, 1978), habida cuenta que la primera edición, de esta vigente obra, data de 1931.

Ahí, Basadre Grohmann apunta: “Asistimos hoy a una verdadera revolución en toda la historia andina mediante el desarrollo del interés por asuntos…”. También hace referencia a las visitas o informes administrativos de las autoridades coloniales: “En aquellos documentos hablan los indios de abajo y no los parientes de los Incas o los curacas, tal como ocurre en las crónicas. John Murra ha podido afirmar, con fundamento, que en el examen del mundo andino se puede ahora “ir más allá de las crónicas hacia (su) comprensión desde un punto de vista andino también”. Y concluye recalcando que lo que se sabía ayer acerca del mundo andino, hoy resulta completamente obsoleto, en virtud a los nuevos descubrimientos y estudios de la historiografía.

En honor a la verdad histórica y jurídica, merecen una mención especial los cronistas españoles llamados legistas o juristas por el historiador inglés Markhan que difundió su ilustre colega nacional Raúl Porras Barrenechea. Ellos fueron los licenciados en derecho Juan Polo de Ondegardo, Hernando de Santillán y Juan de Matienzo. Nosotros agregamos al abogado Francisco Falcón, quien –aunque no fue cronista–, realizó una obra jurídica de suma importancia en defensa de los indígenas. Estos escritores constituyen la bisagra fundamental para entender la existencia de un prederecho aborigen que, en mínima parte se agregará al derecho de Castilla, impuesto por el conquistador español, y cuyo producto dará lugar al derecho indiano.

Empero, ¿quién fue el primero que cuestionó la existencia del derecho incaico trabajado por Basadre? Fue su discípulo y sucesor en la cátedra de Historia del Derecho Peruano en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos: Juan Vicente Ugarte del Pino. Éste, en la década de los años setenta, a la luz de los nuevos aportes historiográficos antes señalados, afirmó: “Tampoco sería serio ni científico, presuponer como existente un Derecho Inca o incaico, tipificándolo desde un “etnocentrismo” viciado; vicio que proviene desde las mismas fuentes consultadas, en su mayoría las Crónicas de la Conquista y en especial las obras de los escritores del siglo XVII como Garcilaso y Huamán Poma, con el añadido de que todas las lagunas existentes han sido rellenadas a base de hipótesis, lo cual es peligroso cuando se trata de estudiar las constantes jurídicas y la línea de evolución de un pueblo”.

En este marco, nosotros escribimos nuestro primer tomo de la Historia del Derecho Peruano referido al derecho primitivo y concluimos en la existencia de un prederecho incaico (Lima, 1988). La obra fue prologada por el propio Ugarte del Pino, ex decano de la Facultad de Derecho de la UNMSM y del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República y, a la sazón, presidente de la Asociación Peruana de Historia del Derecho y de las Instituciones, entidad a la que pertenecemos.

El abogado Javier Vargas Vargas, otro discípulo sanmarquino y también sucesor en la mencionada cátedra de Basadre, escribió Historia del Derecho Peruano. Parte General y Derecho Incaico (Lima, 1993), sin tener en cuenta las propias observaciones de su maestro, ni las de Ugarte y tampoco nuestro referido libro. Sendas obras originaron el sesudo artículo del joven historiador y abogado Renzo Honores Gonzales, bajo el título de Derecho Prehispánico. Aproximaciones recientes (Revista Crónicas de Historia del Derecho, N° I, Lima, 1994, pp.73-78, del Instituto Peruano de Historia del Derecho). En él, Honores afirma: “Vargas cita a autores clásicos en temas andinos (Louis Baudin, Heinrich Cunow, Hermann Trimborn) cuyos aportes han sido hoy sustancialmente superados… No se aprecia en el trabajo de Vargas los aportes de la historiografía moderna”. En suma, Vargas repitió en 1993 lo que su maestro Basadre había escrito en 1937.

Algunos historiadores del derecho peruano llaman a este prederecho derecho prehispánico, para referirse al sistema jurídico aborigen anterior a la conquista española. Esta denominación fue cuestionada por el jurista, filósofo e historiador Fernando de Trazegnies Granda, quien cuestionó la existencia del derecho prehispánico. Tituló a su artículo con la interrogante ¿Hay un Derecho prehispánico? Concluyó afirmando que “el derecho es un producto específico de una determinada historia: la historia del mundo occidental”. Y agregó que más académico y científico, sería no hablar de derecho, sino de “formas de regulación social diferentes del Derecho, pero extraordinariamente efectivas” (Revista Ius et Veritas, Año III, N° 4, Lima, pp. 44-48). Sea dicho de paso, De Trazegnies es fundador del Instituto Peruano de Historia del Derecho, entidad diferente a la creada por Ugarte del Pino.

Frente a esta afirmación, el no menos ilustre historiador y jurista Jorge Basadre Ayulo le contestó que:“De ser así, entonces, no se habría registrado en la historia de la humanidad el derecho gestado en el mundo no occidental, como es el caso, por ejemplo, del pueblo mesopotámico con su código de Hammurabi”.

EL DERECHO INDIANO

El derecho indiano o de Indias tomó esta denominación como consecuencia de la creencia original de que Cristóbal Colón había llegado a las Indias Occidentales. No hubo idea alguna de que había descubierto un nuevo continente como se comprobaría más tarde, otorgándosele el nombre de América. En consecuencia, el homenaje se le rindió al cartógrafo italiano Américo Vespucio, mientras que Colón sufrió las injusticias del rey católico Fernando VII, quien fue demandado por el hijo del almirante a la muerte de su padre en 1506. Después de muchos años de litigio, el nieto –Luis Colón–, ganó el proceso arbitral en 1536 y le fueron restituidos todos los derechos otorgados en el “contrato” conocido como la Capitulación de Santa Fe de 1492.

¿Qué es el derecho indiano? Es la suma del derecho castellano (derecho del pueblo conquistador) con las instituciones y costumbres indígenas que no se opusieran o estuvieran en contradicción con la religión cristiano-católica, contra las costumbres castellanas y, máxime, contra el sistema jurídico peninsular. Esta conjunción gestó un nuevo derecho que fue bautizado con el nombre de Derecho Indiano.

En efecto, por ejemplo, la mita –sistema económico y social de trabajo del Tahuantinsuyu– fue inmediatamente absorbido por los conquistadores porque además de lo apuntado convenía sobremanera al pujante Imperio Español. Contrariamente, se prohibió y castigó el servinacuy por contravenir a la moral y a las costumbres occidentales y, principalmente, a la religión cristiana que había instituido el matrimonio formal como la única vía digna y ejemplar de la unión de un hombre y una mujer. La relación extramatrimonial de prueba de los pueblos indígenas fue considerada inmoral por los hispanos.

En verdad, podemos afirmar que en el crisol de la peruanidad se fundieron muchos elementos hispanos con lo indígena para forjar nuestra identidad nacional. Por lo tanto, no sólo debemos considerar que los castellanos nos otorgaron su idioma, religión y sangre, sino, además, su sistema jurídico como pueblo conquistador. Bien sabemos que desde los romanos hasta muy avanzado el siglo XIX, imperó la costumbre que el país conquistador o colonizador imponía con su Derecho. Así lo hizo Colón en América a partir del 12 de octubre de 1492 y Francisco Pizarro en Perú desde 1532 hasta inicios del siglo XIX. En suma, tuvimos tres siglos de derecho indiano: 300 años de legislación dictada desde la metrópoli.

El derecho indiano ha sido harto tratado por notables historiadores y juristas tanto nacionales como extranjeros. En cuanto a los primeros, sin duda alguna, reviste especial importancia el trabajo de Basadre. Su magistral obra Los fundamentos de la Historia del Derecho (Lima, 1967), según Lewis Hanke “el derecho indiano lo trata en forma completa y equilibrada”. Este valioso aporte ha sido ampliado, desarrollado y sistematizado por su heredero, Jorge Basadre Ayulo, quien también ha escrito su Historia del Derecho Peruano, en tres tomos y que ya cuenta con varias ediciones.

De igual manera los maestros y juristas Víctor Manuel Maúrtua, quien escribió Antecedentes de la Recopilación de Yndias (Madrid, 1906). Juan Vicente Ugarte del Pino, Guillermo Lohmann Villena, Eduardo Rada Jordán, José Tamayo Herrera y los historiadores Rubén Vargas Ugarte y Héctor López Martínez, entre otros.

Entre los extranjeros están Antonio Muro Orejón, Alfonso García Gallo, Niceto Alcalá Zamora y Rafael Altamira; Víctor Tau Anzoátegui, Ricardo Levene y Ricardo Zorraquin Becú; Hanke Lewis y Ernesto Shafer, entre otros.

EL DERECHO REPUBLICANO

La historia de este derecho va de la mano con los anales de la República. Esto es, desde las primeras normas dictadas por el general José de San Martín Matorras, lo que constituye el derecho intermedio o de transición en la ruptura entre la colonia y la independencia, al decir del abogado René Ortiz Caballero. Asimismo, la primera Constitución de 1823 y las que siguieron hasta la vigente de 1993. También es la labor codificadora y los diversos códigos aprobados, así como las leyes y otras normas que, en conjunto, constituyen el ordenamiento jurídico de la nación, tanto el derogado como el vigente.

Esta normativa ha implantado, modificado y cambiado sistemas e instituciones jurídicas, que han tenido especial y fundamental relevancia en los actores políticos, económicos y sociales de la república. Obviamente, no se trata de hacer un catálogo o relación cronológica del ordenamiento jurídico a partir de la independencia.

La historia del derecho peruano republicano debe precisar, en lo general, la historia, desarrollo y desempeño de las instituciones jurídicas, producto de la democracia y del sistema republicano.Así como también sus problemas, causas y consecuencias en la búsqueda y administración de la justicia y en la consecución del progreso y desarrollo nacionales. Es decir, una historia social del derecho.

De ahí que podemos desarrollar temas concretos de ese tipo de historia –social del derecho– como los tratados por De Trazegnies en su libro La idea de Derecho en el Perú republicano del siglo XIX (1980), obra reimpresa en 1993. En ella, “nos propone justamente integrar esas tres disciplinas: la Dogmática, la Filosofía y la Sociología del derecho, a fin de reparar las insuficiencias de cada una de ellas. Esa es su propuesta metodológica central para abordar la historia del Derecho”. En este orden de ideas, los temas podrían ser, entre otros: ¿El Congreso es realmente representante y la última palabra de la soberanía popular?; el avance y retroceso en la eliminación del tributo indígena; ¿A quiénes benefició la inmigración china?; las consecuencias de la abolición de la esclavitud; causas y resultados del Contrato Dreyfus; los contratos sobre el salitre; regulación de la propiedad; ¿Es el matrimonio un contrato?; imposición del matrimonio civil y del divorcio, etc.

Para conocer la historia del derecho republicano es fundamental la obra del inigualable historiador de la República Jorge Basadre Grohmann. Es una historia totalizadora, completa, donde lo jurídico está trabajado con precisión académica y científica, dado, también, su condición de destacado abogado. Sin duda, es la mejor y más acabada historia de la República que hasta hoy se ha escrito, razón por la cual registra muchas ediciones.

En consecuencia, la historia del derecho republicano obligadamente tiene que contener una sucinta historia de las constituciones de la república. Tema extraordinariamente trabajado por el maestro y jurista Ugarte del Pino, cuya obra Historia de las Constituciones del Perú nes del Perú, se ha convertido en un clásico en la bibliografía constitucional. Así también, tenemos diferentes obras de esta misma naturaleza escritas, en diversas épocas, por conspicuos hombres de derecho, como Domingo García Belaunde, José Pareja Paz Soldán, Manuel Vicente Villarán y Toribio Pacheco y Rivero, entre otros. De ahí la necesidad de analizar e interpretar las diversas cartas políticas que registra nuestra historia constitucional. Ellas son las correspondientes a los años: 1) 1823; 2) 1826 o Vitalicia; 3) 1828; 4) 1834; 5) 1839 o de Huancayo; 6) 1856; 7) 1860; 8) 1867; 9) 1920; 10) 1933; 11) 1979, y 12) 1993.

Será muy conveniente revisar la Constitución de 1837 o Pacto de Tacna, que dio origen formal a la Confederación Perú-boliviana. Sobre esta ley fundamental, debemos preguntarnos: ¿fue ésta, también, una Carta política peruana? Desde Villarán hasta García Belaunde, pensamos que no, empero el profesor de derecho constitucional de la PUCP –hoy vicerrector académico–, Marcial Rubio Correa, sostiene lo contrario y la numera como la quinta Constitución peruana.

Como puede apreciarse, el tema constitucional ha sido harto trabajado. Así, por ejemplo, el jurista y periodista arequipeño Pacheco y Rivero, publicó en 1854, Cuestiones Constitucionales (Arequipa, Imprenta de Francisco Ibáñez y Herm), que al decir de Basadre, , es la primera historia constitucional del Perú. Así también el abogado, historiador y destacado periodista Manuel Atanasio Fuentes escribió Derecho Constitucional Universal e Historia del Derecho Público Peruano, en 1874, (2 tomos). En 1920 aparecen Las Constituciones de 1860 y 1920 concordadas para uso de los estudiantes de Derecho del jurista Manuel Vicente Villarán.

Del tema constitucional tenemos que pasar al tema de la codificación nacional en la historia del derecho republicano, porque es la época de los códigos y es una de las características de este período, como la recopilación lo fue del derecho indiano. En efecto, la inquietud codificadora tanto sustantiva como adjetiva comienza en Perú con la labor del contradictorio jurista Manuel Lorenzo de Vidaurre y Encalada, cuyos extensos códigos penal, civil, de procediemientos y eclesiástico, no tuvieron un final feliz. Primero, por el rechazo de los peruanos al Libertador Bolívar en 1826, y, segundo, porque los generales Agustín Gamarra Messia y Andrés de Santa Cruz Calaumana pospusieron su valioso o cuestionado y hasta folclórico aporte, según opiniones favorables o adversas a quien fue el primer presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República, creada por Bolívar.

La Confederación Perú-boliviana propició para que Santa Cruz impusiera los códigos bolivianos dentro de su política y administración integracionista (1836-39). Ésta fue, entonces, una concesión forzosa y no una recepción voluntaria.

En concreto, la codificación peruana recién se inicia después de la mitad del siglo XIX y comenzó a consolidar la legislación intermedia producida en la ruptura entre la colonia y la independencia, breve período que produjo el mestizaje jurídico según Basadre y que Ortiz llama derecho de transición. Así registramos los diversos códigos en las diferentes especialidades del derecho.

Empero, ¿qué influencia tuvo el Código Francés o de Napoleón de 1804? Para unos, bastante, como el ilustre jurista José Antonio Barrenechea. Para otros, muy poca o relativa, y, más bien, subrayaron producción jurídica nacional en nuestro primer Código Civil de 1852. Lo cierto es que el brillante joven abogado e historiador Carlos Augusto Ramos Núñez hace precisiones muy interesantes sobre la recepción de este Código, que fue paradigma de la codificación desde inicios del siglo XIX hasta iniciado el XX, en su sugestiva obra El Código napoleónico y su recepción en América latina (PUCP, 1997). Dicho sea de paso, Ramos también tiene una excelente biografía jurídica de: Toribio Pacheco, jurista peruano del siglo XIX (1993), egregio hombre de derecho nacido en Arequipa, igual que el autor.

Nuestra historia jurídica republicana registra muchos corpus legis. Entre otros, los códigos civiles de 1852, 1936 y 1984. Los procesales civiles de 1852, 1912 y 1993. Los códigos penales de 1863, 1924 y 1991. Los procesales penales de 1863, 1920, 1940, 1991 y 2004.Así también tenemos el de Ejecución Penal de 1991, los códigos de comercio (por ejemplo, los de 1853 y 1902), Tributario, del Niño y Adolescente hasta el último promulgado en el país bajo la denominación de Procesal Constitucional de 2004.

Los diversos códigos han creado y recreado instituciones jurídicas y anulado otras, y, obviamente, han motivado oportunos y sesudos comentarios a favor y en contra tanto de las instituciones como de los autores y gestores de las mismas. En este contexto, la historia del derecho peruano republicano debe registrar a los más conspicuos juristas de las diferentes ramas del derecho. Algunos de ellos los venimos tratando en la sección Abogados de ayer y hoy, de este suplemento de análisis legal: Jurídica.

La Historia del Derecho Civil Peruano siglos XIX y XX, es tratada, in extenso, por Ramos, en una voluminosa como ambiciosa obra. A la fecha ya ha publicado cinco tomos y está en camino de aparecer el sexto. Sin duda, es una obra de gran aliento y, por lo tanto, merece nuestro mayor reconocimiento y apoyo.